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Red Internacional

La medida de fuerza será este martes por 24 horas y fue definida por una asamblea de delegados de la UTA a raíz de la falta de cumplimiento del pago de la paritaria. Las empresas, la semana pasada, anunciaron un cese de actividades en reclamo de subsidios adeudados por el gobierno nacional. ¿Cómo frenar a los empresarios que juegan con nuestras necesidades?

Lunes 6 de junio | 21:05

El conflicto vuelve a cortarse por lo más fino. Choferes y trabajadores que no cobran la paritaria con aumentos que deberían haber comenzado a percibir el mes pasado. Usuarios que se quedan sin el servicio que mueve a cientos de miles de jujeños por día en la capital como sucede en otras ciudades del país.

El argumento de las empresas es un clásico. Exigen el pago de subsidios estatales para abonar los salarios, aunque sea un negocio privado sobre un servicio público.

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Recordemos que el 19 de mayo pasado el sector empresario (FATAP) y la UTA firmaron un acuerdo ante las autoridades del ministerio de trabajo de la Nación en el cual los empresarios dejan supeditado el pago de los aumentos a que se efectivicen los subsidios adeudados del mes de abril y mayo.

Lo que es un hecho a esta altura es que el Estado nacional entrega en el caso de las seis líneas que operan en San Salvador de Jujuy una suma mensual de 86 millones de pesos (abril) en concepto de Fondo Compensador del Transporte.

Considerando una planta de personal de 873 trabajadores, el subsidio cubre el salario básico fijado en 100.000 pesos. Lo que pretenden los empresarios, es que los subsidios se actualicen acorde al nuevo básico fijado por la paritaria que para el mes de junio corresponde a 138.000 pesos.

En la ecuación financiera de los empresarios hay que recordar que de acuerdo a la tabla polinómica vigente en la capital jujeña (ordenanza 7402/19) el boleto cubre los costos (incluidos los salarios) más una ganancia.

Con el esquema de subsidios y cálculo del boleto los empresarios se llevan más ganancias a costa de los fondos del Estado y de los usuarios que pagan los tarifazos.

Pero aún así, usan el justo reclamo de los choferes para sacar más subsidios, poniendo además a los usuarios de rehenes y exponen a los choferes en su contra.

Por su parte, el gobierno provincial deja correr el incumplimiento de las empresas porque le conviene, dentro de su política de que la Nación envíe más subsidios y evitar aumentar los que ya otorga. A último momento el ministerio de trabajo de la Provincia dictó una conciliación obligatoria que el gremio afirmó no haber sido notificado y no acató.

Para no entrar en su juego se necesita unir el reclamo de los trabajadores al de los usuarios que rechazan los tarifazos y exigen mejoras en el servicio. Esto debería ser un punto de partida para rediscutir en las asambleas de la UTA que un servicio público de transporte no puede ser un negocio y que el Estado juega del lado de los empresarios.

Es entonces que se necesita una pelea de fondo por la municipalización del servicio bajo control de choferes y usuarios, liberando así la fuerza social que puede planificar un servicio de calidad, accesible para el bolsillo popular y que efectivamente cubra las necesidades de transporte en todos los barrios.




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