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Red Internacional

El pasado viernes se conoció la designación por parte del Gobierno nacional de un representante de la Sociedad Rural en el directorio del Conicet.

Paula SchallerLicenciada en Historia

Santiago Benítez Dr. en Biología - Conicet - @santiagombv1

Lunes 27 de junio | 19:07

Se trata de Manuel García Solá, empresario ganadero, con negocios en el rubro veterinario de la región del NEA y actual vicerrector de la Universidad del Chaco Austral. García Solá, de fuertes vínculos políticos con Capitanich, había sido propuesto el año pasado para integrar el Directorio de CONICET por parte de la Sociedad Rural, de la que era director Titular por el Distrito 9 de Chaco y Formosa. Recientemente, su nombre cobró notoriedad por haber sido expulsado de la entidad tras formar parte de la disertación de Cristina Kirchner en la Universidad del Chaco Austral, donde volvió a insistir en la idea de que “el capitalismo es el sistema más eficiente” y solo hay que regularlo. Pero lo cierto es que el currículum de García Solá en materia de ajuste al sistema educativo, científico y tecnológico es de larga data y comprobable: fue Ministro de Educación del gobierno de Menem en el año 1999, cargo desde el que aplicó un duro recorte al presupuesto educativo y del sistema científico que miles de docentes y estudiantes enfrentaron en las calles. García Solá fue designado en cumplimiento de lo establecido en el decreto 1661/96. Este decreto fue aprobado durante el gobierno de Menem y establece que en el directorio del organismo, de 9 miembros habrá uno en representación de las organizaciones representativas de la industria y uno en representación de las organizaciones representativas del agro. Que el designado sea un gran empresario ganadero ligado a la Sociedad Rural marca la profundización de una orientación científica al servicio del modelo del agronegocios y el extractivismo minero.

Esta orientación aparece claramente delineada en el Plan Argentina Innovadora 2020 (PAI 2020), implementado desde la presidencia de Cristina Fernández y continuado en los planes estratégicos para CONICET durante el macrismo y en el plan 2030, que se encuentra en desarrollo. El PAI 2020 planteaba la necesidad de promover un aumento de la participación del sector privado/empresarial en el presupuesto, hasta llegar a una suerte de co-financiación pública-privada de la ciencia nacional. Un aporte empresarial que, lejos de ser gratuito, incide en los lineamientos estratégicos de investigación, entre los cuales resaltan temáticas ligadas a la Agroindustria, Biotecnología y Energía y en la aprobación de múltiples exigencias de estos sectores empresariales. Como ejemplo, en 2015 se anunció la liberación para su comercialización de dos eventos biotecnológicos nacionales: la soja resistente a sequía y la papa resistente al virus PV. La licencia para explotar la semilla de la soja resistente a sequía fue otorgada a la empresa INDEAR, constituida por CONICET (por la parte estatal) y Bioceres (por la contraparte privada), cuyos principales accionistas son Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel, conocido por enriquecerse con la siembra de soja transgénica y la venta de insumos y servicios, así como productos elaborados con agrotóxicos. Más recientemente, el gobierno aprobó la comercialización del paquete de Trigo HB4, una semilla modificada genéticamente para adaptarse a suelos secos o salinos y resistir al Glufosinato de Amonio, un agrotóxico más destructivo que el glifosato. El HB4, el primer trigo transgénico del mundo que fue rechazado en muchos países antes de ser aprobado en Argentina, será comercializado por la empresa Bioceres, utilizando el conocimiento generado por el Conicet y contando con el apoyo del al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, también ligado a las patronales agrarias.

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Esta aprobación fue rechazada por el colectivo de científicos, técnicos y referentes ambientales Trigo Limpio, que emitió un duro comunicado explicando por qué su aprobaciónsignificará mayor contaminación por agrotóxicos, desforestación, deterioro ambiental y concentración de la riqueza a favor del capital concentrado.

También, más de 1000 científicos y científicas emitieron una carta abierta al Gobierno nacional, denunciando sus consecuencias sobre el ambiente y los alimentos de la población así como la profundización de la subordinación de la ciencia y técnica nacional al servicio del agronegocio.

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Contra este modelo científico, las y los investigadores y trabajadores del sistema científico tenemos la capacidad de redirigir nuestros esfuerzos hacia las necesidades de la sociedad y el cuidado del ambiente, planteando una política científica alternativa al modelo neoliberal actual. Es necesario volver a poner en pie la discusión sobre la orientación de la política científica desde una perspectiva anticapitalista, donde tengan lugar trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, comunidades afectadas por la megaminería, el extractivismo y los agrotóxicos. Como afirmó científico Richard Levins “No podemos defender la ciencia como es (...) debemos abrir la ciencia a quienes han sido excluidos, democratizar su estructura autoritaria, modelada sobre la de una corporación e insistir en una ciencia cuyo objetivo sea la creación de una sociedad justa compatible con una naturaleza rica y diversa.”




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