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Red Internacional

HIJOS Jujuy y la Secretaría de DDHH de Nación denuncian penalmente al gobierno provincial por la destrucción del Cabildo histórico donde funciono un Centro Clandestino de Detención y Exterminio durante la última dictadura cívico -militar. El el juez federal Julio Leonardo Bavio ordenó suspender todas las obras que se venían realizando.

Martes 28 de junio | 22:01

Jujuy tiene 18 sitios de memoria señalados por víctimas, familiares y organismos de DDHH. El Cabildo histórico es uno de los más simbólicos dado que allí funcionaba la Central de Policía y el Comando Radioeléctrico del Área 323. Tanto el Estado nacional como el provincial han reconocido que en el predio del Cabildo funcionó, durante la última dictadura cívico-militar, un Centro Clandestino de Detención y Exterminio denominado “Comando Radioeléctrico”. Hay numerosos testimonios de sobrevivientes que señalan el edificio como un lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad y así lo tuvo por acreditado la justicia.

En 2016, el lugar fue declarado sitio de memoria por la Provincia de Jujuy a través de la ley provincial N° 5931 y en marzo de 2019 fue señalizado por el Estado Nacional en los términos de la ley nacional N° 26.691.

Aún así el gobierno provincial anunció el inicio de obras de refacción en 2016 mediante un comunicado oficial que anticipaba excavaciones en el predio. En ese momento el Ministro de Infraestructura, Ing. Carlos Stanic, había declarado a medios locales que las obras se realizaban para preservar el edificio: "Es de barro y se puede caer por eso se hizo una protección”. Y en la misma entrevista destacó: “Está protegido por ley como monumento nacional. La segunda parte de la obra involucra lo que funcionó como Bomberos, escuela de policía, brigada, bienestar policial que a lo largo de 30 años tuvo distintos usos. Eso no es histórico”.

De esta forma mostraba ya por entonces que la prioridad del gobierno lejos está de proteger y conservar estos espacios históricos.

En 2021 comenzaron las tareas de construcción, en el marco del plan del gobierno de "recuperación del casco histórico"; la respuesta de los organismos fue denunciar el hecho ya que destruía espacios que debían ser respetados en un edificio que todavía es objeto de prueba a partir de inspecciones oculares en los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en la provincia. Esto fue en octubre de 2021 tras la demolición de gran parte de parte del CCDyE durante la primera etapa de las obras.

El 20 de enero 2022 se retomaron las tareas tras el fallo que emitió el juez Eduardo Hansen, autorizando al estado provincial a continuar con las obras en el Cabildo "debiendo preservar seis sectores de interés señalados por la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria como integrantes del ex CCDyE en el estado que actualmente se encuentran sin efectuar trabajos de obra sobre los mismos, mantenido sus cimientos, retomando las labores únicamente en los sectores del predio circundante."

Entre febrero y mayo, a instancias del Juzgado Federal, se concretaron reuniones para consensuar un proyecto que tuviera en cuenta la voz de los organismos de derechos humanos. Sin embargo, mientras se realizaban esos encuentros de trabajo, las autoridades provinciales decidieron avanzar con las obras.

El pasado mayo una delegación de referentes de organismos de DDHH, junto a la directora nacional de Sitios, Lorena Battistiol, la delegada de la Secretaría de DDHH de Nación en la provincia, Anabel Yacianci, el supervisor de obra, y la secretaria provincial Infante, inspeccionaron el lugar para descubrir que el lugar a preservar no estaba señalizado ni delimitado, que había escombros acumulados allí, estacas clavadas de replanificación del lugar. Unos días después, Eva Arroyo, de HIJOS Jujuy, declaró que al pasar por el lugar y ver portón "ví que en donde estaban clavadas las estacas y los escombros ahora había una pala mecánica y luego ví más: habían desmantelado todo, habían hecho una excavación de 4 metros. Volaron todos los cimientos”.

Frente al incumplimiento de las medidas, el miércoles 15 de junio el juez federal subrogante Julio Leonardo Bavio ordenó suspender toda excavación, refacción, remodelación y/o construcción del lugar donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “Comando Radioeléctrico”.

Paralelamente, la Secretaría de Derechos Humanos, autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, se presentó el jueves 16 como querellante en la causa penal que se inició el 2021 tras la denuncia de HIJOS Jujuy.

La presentación fue realizada ante el Fiscal Federal Federico Zurueta, quien tiene a su cargo la causa caratulada “Averiguación de delito" y solicita que se esclarezca la posible responsabilidad penal del Gobernador Gerardo Morales, la Secretaria de Derechos Humanos Marcela Infante, el Director de Arquitectura Horacio Calsina y el Ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda Carlos Stanic, funcionarios de la Provincia de Jujuy, por el delito de daños, violación de deberes de funcionarios públicos y desobediencia, previstos en el Código Penal.

La destrucción del sitio de Memoria “Comando Radioeléctrico” no es un hecho aislado. Esta situación se repite en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM 20) de la ciudad de Alto Padilla donde, aunque persiste la medida de no innovar por denuncias de posibles enterramientos clandestinos, el gobierno de la Provincia de Jujuy desoyó la medida cautelar y avanzó con topadoras en el lugar.




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