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Red Internacional

Pandemia. Córdoba es epicentro de la nueva ola de covid-19

La variante Ómicron impactó de lleno en la provincia, con un aumento exponencial de casos positivos. Mientras tanto, el gobierno provincial recicla viejas recetas para hacer frente a una nueva ola, y una vez más, hace eje en la responsabilidad individual.

Santiago Benítez Dr. en Biología - Conicet - @santiagombv1

Viernes 24 de diciembre de 2021 | 00:19

En menos de dos semanas, se ha visto un aumento exponencial de casos que desbordó centros de testeos y consultas ante sospecha de Covid. Muchos de estos centros tuvieron que cerrar sus puertas luego de quedarse sin insumos ante la demanda creciente. El tiempo promedio de espera para acceder a un testeo es de alrededor de seis horas, con casos de hasta ¡9 horas de espera!

Si bien la tasa de ocupación de camas aún es baja debido al porcentaje de población vacunada y la estación del año, los números podrían aumentar considerando la población joven, que lejos está de tener un esquema completo de vacunación y es la que mayor exposición tiene en los lugares de trabajo. Los números de crecimiento (13000 casos acumulados en solo 14 días, de los cuales 4055 se registraron este mismo jueves) hablan claramente de un escenario que no fue previsto.

Ómicron golpea sobre un sistema sanitario que desde los centros de detección a la alta complejidad venía retrocediendo en personal e insumos, luego de que el gobierno definiera retrotraer el sistema sanitario a esquemas pre pandemia. Esta decisión gubernamental dejó escasos centros de testeo y rastreo en funcionamiento. La situación se agrava cuando se confirma que muchos centros de testeo son atendidos solamente por dos personas. El propio personal voluntario de vacunación denunciaba salarios atrasados. Sólo luego de una "sentada" del personal afectado durante la jornada del jueves, el gobierno comenzó a revertirlo ejecutando los pagos.

Sin embargo, esto no revierte la situación de precariedad del sistema sanitario, ya que el aumento previsto para salud en el presupuesto 2022 es menor a la inflación proyectada, algo que fue denunciado por Noel Argañaraz, legisladora (MC) del Frente de Izquierda, a pesar de la situación previsiblemente crítica que se observaba en otros países que estaban atravesando variantes como delta y ahora ómicron.

Una vez más, los lugares de trabajo

En escasos días empezaron a sonar alarmas en los lugares de trabajo: primero en las escuelas, luego en ministerios como el Ministerio de la Mujer o el de Agricultura, CPCs y bares. También ante actividades masivas, como el recital de Babasónicos, con más de 5000 personas en un lugar cerrado, y que fueron autorizadas por el gobierno provincial y municipal cuando ya se conocían los primeros brotes y el ingreso de la nueva variante a la provincia. Hasta ahora el gobierno no ha hecho otra cosa más que dar manotazos de ahogado cuando esto recién empieza: ampliar horarios en centros de testeo que rápidamente se quedan sin insumos.

La situación deja en claro que es necesario impulsar medidas de fondo para evitar que la tensión rápidamente golpee de lleno sobre un sistema sanitario ya de por sí desmantelado, tal y cómo reflejan los números del presupuesto.

Por estas horas Córdoba ya está en la portada de los grandes medios a nivel nacional. Desde allí proliferan propuestas cómo la de racionalizar la utilización de los test. La propuesta de considerar como positivo a cualquier contacto estrecho que manifieste síntomas, choca con el interés de los empresarios de la provincia. Marcelo Uribarren, titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) declaró en este sentido “Esos casos terminan siendo en los empleados industriales apenas un pequeño malestar, el problema como empresarios es que, en un caso de este tipo, la ausencia de personal es como mínimo de 10 días y genera problemas en la producción”. Lo que el titular de la UIC no considera es que el contagio en los lugares de trabajo es una de las fuentes que permite la circulación del virus en toda la comunidad y que, con la nueva variante, alcanza a muchas más personas en un lapso más breve.

Pareciera que las recomendaciones para evitar el contagio siempre se limitaran a la responsabilidad individual, mientras no se ponen en cuestión los intereses capitalistas. Es evidente que esta apelación a la responsabilidad personal se mostró insuficiente, sobre todo, cuando la señal de los gobierno es de relajamiento y apertura, siempre al serivicio de las patronales, así como de fortalecimiento de las medidas punitivas cuando arrecian los brotes.

Frente a esta nueva ola, es necesario implementar medidas sanitarias coordinadas y de fondo que apunten al rastreo y detección temprana de casos, con centros de testeo en todos los barrios hasta avanzar en que toda la población acceda a un esquema de vacunación completo, máxime ante una variante que se transmite de manera veloz y multiplica exponencialmente los casos de contagio en poco tiempo.

En este sentido, el Frente de Izquierda realizó una propuesta en el pico de la segunda ola (durante el invierno) para que se disponga de clubes y otras superficies, que están distribuidos por todos los barrios de la ciudad para descentralizar los testeos sin que la gente tenga que esperar varias horas y desplazarse a otras zonas de la ciudad, exponiéndose y exponiendo a otras personas en el transporte público.

Por otro lado, contrario a los protocolos que impone la "necesidad empresaria", la confirmación de casos positivos sin necesidad de test permitiría agilizar el aislamiento y disminuir la posibilidad de contagio, además de liberar momentáneamente el abarrotado sistema de testeo. Para decenas de miles de trabajadores precarios en relación de dependencia, se pone en juego gran parte de sus ingresos o el mismo empleo si no cuentan con un certificado que acredite el resultado positivo.

También es necesario recordar que nuestro país produce y exporta test de diagnóstico, la mayoría de ellos fruto de la investigación pública en Universidades Nacionales y el CONICET, pero con ganancia para laboratorios privados. La declaración de utilidad pública de los fabricantes de test e insumos, como propuso el FIT-U desde inicios de la pandemia, permitiría afrontar y asignar recursos frente a situaciones de emergencia. Junto a esto, es fundamental seguir exigiendo la liberación de las patentes de todas las vacunas para garantizar que todos los países tengan acceso a formas de inmunización y así limitar la posibilidad nuevas mutaciones y variantes.

Preocupa también la próxima temporada turística, donde ya hay altas reservas que se incrementaron con la prohibición de pagar en cuotas pasajes y paquetes en el exterior. La mayoría de las localidades turísticas ubicadas en Punilla, Traslasierra o Calamuchita tienen una precaria estructura sanitaria, e incluso, los hospitales modulares construidos por la Nación a fines de 2020 no fueron inaugurados ya que no cuentan con equipamiento básico.

La declaración de emergencia sanitaria, asignando partidas presupuestarias acordes en base al desconocimiento soberano de las deudas con los acreedores internacionales y el FMI, cobra nueva vigencia ante el aumento de sin freno de los contagios. Las organizaciones gremiales, empezando por las del personal sanitario y del transporte, deben ponerse a la cabeza de estas demandas y convocar a acciones que le impongan al gobierno una salida favorable en defensa de los intereses de la clase trabajadora y el conjunto de los sectores populares.




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