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Red Internacional

La inflación de julio alcanzó un récord en las últimas décadas. La salida de Guzmán aceleró las presiones devaluatorias y los empresarios aprovecharon para remarcar precios. Las trabajadoras y los trabajadores tienen el potencial de poder garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población. Los controles oficiales fracasaron.

Jueves 11 de agosto | 20:33

La inflación de julio alcanzó un récord en las últimas décadas y fue de 7,4%, informó este jueves el Indec. Así, el aumento precios en los primeros siete meses del año fue de 46,2% y, en los últimos doce meses, la cifra acumulada escaló a 71%.

La renuncia de Martín Guzmán generó un cimbronazo, los dólares paralelos subieron, y ante las presiones devaluatorias los grandes empresarios remarcaron precios, es la conducta del gran capital concentrado para defender y aumentar su rentabilidad. Las consultoras económicas pronostican una inflación de 90% para fines de 2022.

El nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini, designado por Massa se reunirá con los principales actores de la cadena de formación de precios para relanzar el programa Precios Cuidados dentro de los próximos 45 a 60 días. Una vieja receta que ya fracasó porque la suba de precios no se detuvo. También es conocido que las empresas realizaron distintas maniobras para evadir el programa de Precios Cuidados, como relató una trabajadora de la empresa Mondelez, los trabajadores observaron que no se priorizó la producción de esos productos, en cambio se priorizó la producción de aquellos productos que se destinan a la exportación. Mientras la inflación se acelera son los trabajadores y los sectores populares los que pagan los costos del aumento de precios.

Por otra parte, hay que recordar que existe una responsabilidad de la política del gobierno. En que el programa económico acordado con el Fondo necesita de la inflación alta para erosionar las partidas presupuestarias destinadas a las jubilaciones, a la salud, a la educación, a los salarios de las trabajadoras y trabajadores públicos. Y, más en general, erosionar todos los ingresos populares. El esquema de suba del dólar oficial pactado con el FMI, aunque sea gradual, impulsa todo el sistema de precios hacia arriba, y otro aspecto central del acuerdo es la suba de tarifas de servicios públicos que también empuja todo el sistema de precios al alza.

Control de precios y control obrero de la industria alimenticia

Las grandes empresas garantizan mejorar sus ganancias subiendo los precios de las mercancías, menos el precio del salario. Los pulpos de la alimentación, de la industria láctea y los frigoríficos concentran el negocio y desabastecen muchas de las góndolas de los “precios cuidados”, que solo se pueden encontrar en las grandes cadenas de supermercados, que están lejos de muchos barrios populares.

El “control de precios” oficial y los acuerdos de precios son un parche porque no atacan el poder concentrado que tienen las grandes empresas, que llega al punto de que dos o tres pueden repartirse la casi totalidad de las ventas en el sector. Un ejemplo es el caso de la empresa Ledesma, que tiene una posición líder en la producción y comercialización de azúcar -controlando el 40 % de este último sector, y este producto fue de los que más subió en julio, un 30,5%, según el Indec.

Es necesario el control obrero de la industria alimenticia, la clase trabajadora tiene el potencial de poder garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población. En primer lugar, con la exigencia del acceso público de los registros contables y de los movimientos bancarios de las grandes empresas: es esencial para conocer el verdadero estado de las ganancias empresarias.

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Esto abriría el camino para un verdadero control de precios realizado por comités de trabajadores y sectores populares sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados. Los trabajadores de las distintas empresas podrán contar con la colaboración de contadores públicos y técnicos para esta tarea. Las compañías que se nieguen a dar toda la información y continúen especulando con los precios y abastecimiento deberán ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades públicas, como parte de una planificación racional para terminar con el hambre y garantizar una alimentación de calidad.

Los precios internacionales de las materias primas aumentaron por efecto de la guerra en Ucrania, en particular de alimentos y combustibles. Esa transmisión de los incrementos internacionales a nuestro país opera a través del comercio exterior de granos, que está controlado por unas pocas empresas, mayormente multinacionales, pero también algunas nacionales. Estas empresas tienen prácticamente un oligopolio privado del comercio de granos. Por eso la izquierda propone un monopolio estatal del comercio exterior gestionado por los trabajadores que diariamente ponen en funcionamiento los resortes productivos fundamentales para que las ventas externas (y también las importaciones) se realicen en función de las necesidades de la población, para que en un país donde se producen alimentos de sobra no existan grandes niveles de pobreza e indigencia, sino que los alimentos estén accesibles para todos. Estas son algunas medidas de otra clase para combatir la escalada de precios, entre otras.

La pelea contra la remarcación permanente debe estar unida a la defensa del poder de compra del salario y, más en general, de las condiciones de vida de la clase trabajadora ocupada y desocupada. Por eso es necesario un aumento de emergencia para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales, por un ingreso mínimo de $105.000, que es lo que cuesta una canasta básica en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que los trabajadores del Indec calcularon en $170.000.

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