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Red Internacional

Córdoba. Contra la criminalización y regimentación de la protesta: voces y razones de rechazo

La Unicameral legislativa de la provincia de Córdoba está discutiendo proyectos de Hacemos por Córdoba y Juntos por Córdoba que pretenden limitar y hasta prohibir las manifestaciones sociales en áreas céntricas de la ciudad. Pretenden regimentar las movilizaciones a la medida del ajuste en curso. La izquierda diario consultó a referentes de organizaciones gremiales, políticas y sociales al respecto.

Sábado 5 de noviembre de 2022 | 09:30

La izquierda diario estuvo presente en la reunión convocada por el Frente de Izquierda Unidad para poner en pie una multisectorial que reúna a todos los sectores que rechazan los proyectos contra la protesta social que impulsan el PJ local y la UCR.
Consultamos a varios de los referentes que participaron de la reunión sobre por qué es necesario rechazar tales proyectos y cuál su lectura del contexto local y nacional en el que se enmarcan.

Néstor Pérez, es periodista e integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa de la provincia de Córdoba y señaló: "al respecto de estos proyectos que están en tratamiento en la Legislatura para obturar el derecho a la protesta, lo primero que hay que decir es que es un avasallamiento al ordenamiento constitucional, claramente. Tenemos que estar advertidos de que es un atropello a las condiciones en las que se encuentra el pueblo de Córdoba para manifestarse frente a lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es un 100% de inflación, 2% semanal, un estado de pobreza que ronda el 40% y en Córdoba es aún más. Las condiciones sociales y económicas en el territorio donde se intenta controlar la protesta son peores que en cualquier otra jurisdicción. No hace falta detenerse demasiado en lo que jurídicamente significa este intento de controlar la protesta, hay que advertir que esto es una embestida contra las organizaciones de los barrios, sindicales, de los estudiantes a los efectos de mantener al pueblo sometido a condiciones que son de agravio permanente, condiciones económicas, de represión, etc. Consideremos que en Francia, ante un 7% de inflación las calles se llenaron de manifestantes, donde también hubo incidentes, y nosotros estamos llegando casi a un 8% mensual. ¿Cómo, en el marco de esta situación, se pretende que el pueblo no proteste? El principal derecho que organiza el resto de los derechos conforme a la arquitectura judicial de este país, es el derecho a la protesta."

Además, el referente del CISPREN agregó que "hay que tener los ojos bien abiertos para el presupuesto del año que viene del gobierno nacional. El presupuesto 2023 sube las partidas para dos conceptos: el dedicado a la deuda externa a la que nos vienen sometiendo desde tiempos ya inmemoriales, y sobre todo desde la última administración liberal (Macri) y otro rubro que sube es el de Seguridad, vinculado a defensa. Defensa y seguridad sube sus recursos más del 2%, lo que significa que nos van a apalear, porque este estado de situación no se podrá controlar de otro modo. El presupuesto entrega los recursos a los dictados de los organismos de crédito internacional y lo que va a quedar es el palo. Ante esto hay que estar atentos, y la única manera en la que se verifica el reclamo de los ciudadanos es ocupando la calle. En eso estamos y en la medida en que uno no ocupe la calle y diga que esta situación no satisface las necesidades del conjunto de la población, sino que la agravia cada vez más, todo puede ser todavía peor."

Otro de los consultados en el mundo gremial fue Luis Bazán, Secretario General del Sindicato Vial de Córdoba (SIVIALCO), quien refirió que es necesario rechazar los proyectos puestos a debate en la Unicameral cordobesa porque "persiguen impedir y/o limitar las protestas y movilización de los trabajadores y de todos los sectores y organizaciones del pueblo que se oponen rechazan sus políticas de ajustes y antiobreras. La legislatura, hoy más, que nunca desnuda que además de escribanía del Ejecutivo y de negocios privados; es un instrumento para perseguir, ilegalizar y habilitar la represión a las luchas populares."

Pero, agregó, "hoy está expuesta y desnuda también por la descomposición y abuso de poder que patentiza el accionar criminal de su presidente González, quien produjo muerte y graves heridas a dos niñas", en un siniestro automovilístico. "Con que autoridad puede legislar un órgano podrido como ese?", se preguntó Bazán. "La repuesta que corresponde es el repudio en las; unir y articular con todos los sectores que se oponen a este ataque reaccionario y represor", concluyó el dirigente de SUVIALCO.

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Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en Córdoba, Toto Lopez, tamibén actor, manifestó que "estos proyectos y sus redactores pretenden que el pueblo, a través de sus organizaciones culturales, estudiantiles, barriales, sindicales no se manifiesten reclamando, exigiendo sus derechos. Tanto en la defensa de los derechos ya conquistados como para la consecución de nuevos derechos. Quieren que Córdoba deje ser rebelde, quieren sepultar la rebeldía que caracteriza a Córdoba" y sus sectores en lucha.
"El contexto de estas iniciativas - señaló - es de una profunda conflictividad por las condiciones sociales y económicas que padece nuestro pueblo y en ese sentido creemos que estos proyectos quieren frenar el reclamo. Ya varias veces lo han entendido en épocas irremediablemente injustas - diría Mario Bendetti - se ha intentado y no lo han logrado. Y no pasarán ahora tampoco. Creo firmemente en la voluntad popular de todos los sectores que podamos pulsear y ganar esta batalla. Torcer el brazo de quienes impulsan estos dos anteproyectos."

Beatriz, trabajadora de la cultura y miembro de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba señaló que jurídicamente cercena el derecho a la protesta y a la libre expresión en el espacio público, lo que es anti constitucional.

"Esta medida profundiza una política de ambos partidos que co-gobiernan Córdoba y han instalado que la administración del espacio público está en el monopolio del gobierno y de las organizaciones e instituciones que trabajen con y para ellos. Podemos ver en Córdoba eventos de todo tipo (economía circular, cultura, música, gastronomía, turismo, juventud, género, etc) organizados o avalados por la Municipalidad en donde no hay crítica posible hacia ningún gobierno", dijo Beatriz.

Indicó luego que "podemos habitar el espacio público solamente en eventos, no podemos reclamar" y por eso "la policía nos hostiga cuando hemos sesionado con la Asamblea Ni Una Menos en plazas céntricas. Nos ponen en peligro cada vez que pretenden hacernos marchar por media calzada porque eso puede causar muchos accidentes en zona céntrica. Esto obedece a un plan muy claro desde que asumió la gestión (de Llaryora), que comenzó levantando las ferias populares de las plazas y peatonales para darle eventos a los foodtracks y la Cámara de comercio, Cámara que pidió estas medidas en las mesas sectoriales con el gobierno pasando por encima de les trabajadorxs."

Respecto al marco en que se da la presentación de los proyectos, la integrante de la Asamblea NUM Córdoba expresó que "la lucha social en Córdoba crece a cada día porque el país está en una crisis grave y porque, además, Córdoba tiene los niveles más altos de inequidad social del país, así como de femicidios, violaciones, trata, gatillo fácil, quema del bosque nativo, etc". Destacó que va a tono con los intereses de " las cámaras empresariales, la Fundación Mediterránea, los sojeros y demás actores de poder con quienes el gobierno de Córdoba acuerda". "Ahora, quieren instalar, que lxs culpables de la crisis somos quienes nos manifestamos. El modelo cordobesista del PJ no cierra sin represión y sin hambre. Y si el gobierno nacional no se mete es porque lo avala y porque tiene el mismo miedo con su plan de ajuste nacional." Luego cerró: "No somos un feudo, si quieren paz social son ellos los responsables y garantes de darnos los derechos básicos para la paz."

De manera coincidente, desde la organización Libres del Sur, a través de la referente Marisa Cariddi, señalaban que además de ser anticonstitucional es clasista: "está dirigido a los sectores populares, a los movimientos sociales, a los gremios, nada dice de limitar los "tractorazos o las protestas de los sectores del "campo", por ejemplo. Están muy alejados de la vida de las mayorías y para nada buscan erradicar las causas que originan las protestas. Buscan un golpe de efecto electoralistas para un sector de la sociedad pero que nada tiene que ver con la realidad de cientos de miles de cordobeses".

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Noé Silbestein, delegado departamental de UEPC y militante de la agrupación Docentes D-Base sostuvo que "quieren sancionar la protesta social y hasta amenazan con despedirnos si protestamos sin autorización del gobierno. Como docente, me resulta difícil imaginar que tenemos que pedirle autorización al gobierno provincial, nuestro propio patrón, para manifestarnos contra éste cuando atacan nuestros derechos laborales, las jubilaciones o cuando se niegan a aumentos salariales que no nos dejen por debajo de la línea de pobreza. Creo que es claro que intentan regimentar nuestro derecho a la protesta porque están aplicando políticas de ajuste contra nosotros, los y las trabajadoras desocupados y ocupados que hemos ganado las calles para exigir por salario, contra el acoso laboral, contra la violencia de género o la precarización y cada vez más, lo hacemos en unidad. No podemos permitir este avasallamiento, por eso, lo rechazamos categóricamente y estamos exigiendo a nuestro sindicato, la UEPC, y a las centrales sindicales de la provincia que lo rechacen no sólo de palabra, sino con la movilización misma y un paro provincial. Si coordináramos nuestra acción y fuésemos a un paro contundente, estos proyectos se caen en un día. Esa es la perspectiva que queremos fortalecer con todo junto a la próxima movilización del 16 de noviembre que nos proponemos que sea contundente."

En representación de las luchas en defensa del ambiente, Gabriela Taborda Varela, referente de la Asamblea Ambiental de Punilla y Paravachasca dijo que "protestar es nuestro derecho" y esto queda bien claro " cuando las organizaciones populares salimos a las calles a reclamar y protestar frente al gran avance de políticas en contra del pueblo, de los bienes comunes, del ambiente, del agua, la violencia institucional instalada en los territorios, la Justicia que hace oído sordo al reclamo que hacemos los Defensores ambientales y Comunidades indígenas de Punilla y Paravachasca, los procesamientos que venimos padeciendo en defensa del derecho a vivir en un ambiente sano, el pedido de Justicia de los familiares de víctimas de Gatillo fácil, el atropello que ejercen las fuerzas de seguridad del gobierno de Schiaretti".

Luego, Taborda Varela, miembro también de la Mesa de trabajo por los DDHH en Córdoba, señaló que "criminalizar la protesta es un hecho dictatorial y un retroceso en la conquista de los éstos". Reafirmó con lo inconstitucional del intento.

Maximiliano Maita, delegado nacional del Frente de Organizaciones en Lucha, señaló que " la historia del pueblo cordobés es rica en luchas y por eso, también en derechos. Desde la Reforma del 18, hasta el Cordobazo y en adelante no hubo derechos que no se conquistaran con la lucha. Hoy, las demandas del pueblo trabajador ocupado y desocupado y precarizado son por mejores condiciones de vida, salariales, de educación y salud, entre otros." Estas propuestas son, según Maita, "medidas que buscan anticiparse a medidas que serán cada vez mayor de ajuste sobre los laburantes y sectores populares que pelean, junto a sus organizaciones. Es un ataque preventivo que hay que rechazar".

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Por su parte, Alfredo Seydell, secretario de DDHH de Luz y Fuerza Córdoba, al ser consultado sobre los motivos del rechazo a los proyectos de Hacemos por Córdoba y Juntos por Córdoba indicó que hablaba como "trabajador y ciudadano, y no sólo como lucifuercista", señalando que "estos proyectos vienen del sector más reaccionario que tiene Córdoba. Por un lado vienen a proteger un andamiaje de medidas que estos reaccionarios han venido tomando de un tiempo a esta parte, y por otro lado, a medidas que van a tomar, seguramente. Medidas que se dan en un contexto de desocupación, donde por primera vez en nuestra sociedad muchos trabajadores formales están por debajo de la línea de pobreza, donde se está arremetiendo contra el ambiente y las asambleas salen en su defensa, se dan en un marco donde necesitan ponerle límites a la protesta social y cada día va a ser más necesaria para voltear lo que estos sectores vienen imponiendo".

Por eso, agregó: "Hay que parar esta medida y si bien los trabajadores y el campo popular tenemos varios frentes de batalla, hoy nuestro lugar es la calle, ese es el frente fundamental que tenemos para defender nuestros derechos. Tenemos que estar en la calle con la unidad de todos los sectores y tenemos que construirla de acá al 16 de noviembre para que nuestro pronunciamiento sea contundente."

Laura Vilches, docente, legisladora y concejal (MC) por el PTS-FITU, que fue (junto a las demás fuerzas del Frente de Izquierda, convocante de la reunión, señaló : "El rechazo de medidas de este tipo que pretenden criminalizar y regimentar la protesta social tiene que ser claro y nos parece fundamental responder a este ataque de manera unificada y es muy alentadora esta primera respuesta que conformó la Multisectorial. El trasfondo de esta política criminalizadora, como dijimos hace unos días junto a mi compañera Myriam Bregman, es el ajuste que los gobiernos nacional, provincial y municipal, están descargando a partir del acuerdo con el FMI sobre las mayorías populares y para ello buscan estigmatizar, y dividir entre quienes salgan a oponerse. Esta política está precedida a nivel nacional del intento de generar enemigos internos entre los propios trabajadores y sectores populares. Así lo vimos cuando salieron a acusar de extorsionadores a los movimientos sociales que pelean por la subsistencia; de intransigentes e irracionales a los trabajadores del neumático que se negaron a aceptar la miseria salarial que ofrecían las patronales; así lo vimos con la represión y estigmatización de los pueblos originarios, como ocurrió en el sur con la comunidad mapuche. El gobierno, la oposición y la derecha buscan generar chivos expiatorios a los cuales culpar de las consecuencias sociales y económicas del ajuste."

Finalmente, Vilches agregó: "este próximo 16 de noviembre, como dijeron muchos compañeros y compañeras en la reunión, nuestro pronunciamiento tiene que ser contundente. Pero además, es fundamental preparar una respuesta desde los métodos históricos de la clase trabajadora como es la huelga. Ante un intento de criminalizarnos y dividirnos para defender los intereses de los patrones de la provincia, nuestra respuesta como trabajadores ocupados y desocupados tiene que ser con la fortaleza de un paro provincial. Con una acción así, estos proyectos no duran un minuto más en el debate, y además, nos fortaleceríamos para pelear contra el ajuste en curso del gobierno nacional, provincial y municipal. Por eso estamos exigiéndoles a las centrales sindicales que convoquen urgente a un paro provincial contra este ataque reaccionario y por todas nuestras demandas".


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