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Red Internacional

En vísperas del 24 de marzo la impunidad de los grandes empresarios que prepararon junto a los militares el golpe genocida de 1976 sigue en pie y goza de buena salud. El rol del Estado y de los partidos patronales.

Martes 22 de marzo | 22:15

Se trata de uno de los baluartes de los empresarios genocidas, Carlos P. Blaquier dueño del grupo Ledesma. Fue quien comandó junto a la Gendarmería y la Policía provincial de Jujuy operativos de corte del suministro eléctrico en Libertador Gral. San Martín y zonas aledañas (“apagones”) en los cuales las fuerzas represivas secuestraron a 400 personas de las cuales 35 aún permanecen desaparecidas.

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En febrero de 1975 se vio además beneficiado por el Operativo Independencia que llevó al Ejército a intervenir en los sindicatos descabezando la conducción de los azucareros de Ledesma con obreros, abogados y dirigentes políticos detenidos. Eran tiempos donde el principal líder de la UCR, Ricardo Balbín, llamó a combatir "a la guerrilla fabril" en alusión a los activistas sindicales. Y en noviembre de 1974 también el gobierno de Isabel Martínez de Perón lo ayudó con la intervención del municipio de Libertador Gral. San Martín desplazando al intendente, Luis Arédez, hoy uno de los 30.000 detenidos-desaparecidos.

A Carlos P. Blaquier todos los gobiernos le han ayudado a llegar ser uno de los hombres más ricos del país. Pero también hay actores institucionales que le han permitido ganar tiempo retardando la justicia sobre delitos de lesa humanidad que finalmente le fue iniciado en 2012 con su procesamiento. Un juicio que incluso también tuvo actores que lo fueron retardando (Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal) y ahora cuando debía llegar el momento de llevar a Blaquier al banquillo, otro sector del Estado aportó a poner palos en la rueda.

Se trata del Cuerpo Médico Forense que en un informe de fines de diciembre pasado indicó que el acusado no estaba en condiciones cognitivas de afrontar el proceso. Acompañó el diagnóstico de este informe la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación algo que llamó la atención de referentes de los DDHH considerando que pese a que dicho organismo se tomó más de un año y medio, terminó solicitando a la Suprema Corte que ésta resuelva la situación procesal de Blaquier.

En cambio, como indica la periodista Adriana Meyer en Diario Ar “las querellas del Codesedh (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos) y de la familia de Luis Arédez (una de las víctimas), así como referentes de organizaciones de derechos humanos, respaldaron el informe de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal). Los médicos consultados por la DATIP indicaron que “De la evaluación realizada surge que Blaquier tomó decisiones, esto se refleja en la negativa a colaborar y a contestar preguntas, la comprensión de las órdenes en la pericia cardiológica, todo lo cual hace afirmar que el diagnóstico clínico de Carlos Pedro Tadeo Blaquier es el de simulación.”

A su vez, la periodista indica que “En un escrito firmado por el presidente del Codesedh, Norberto Liwski, dirigido al Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, se señala que no fueron cumplidas las pautas de la Acordada 47/09 de la Corte Suprema sobre el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense en el peritaje elaborado por sus profesionales. En el mismo sentido, los consultores de la DATIP Claudio Capuano y Luis Ohman precisaron que en dicho informe no hubo participación de las partes y que se trató apenas de una conversación de pocos minutos. La primera evaluación había sido en forma remota el 20 de octubre, y la segunda fue presencial el 13 de diciembre en el Palacio de Tribunales, en CABA.”

La actuación para muchos cuestionable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en este momento del juicio a Blaquier, en última instancia, confirma todos los límites que pueden tener sectores progresistas dentro de un Estado que en su constitución misma garantiza la reproducción permanente de los negocios de los grandes empresarios. Y esto no puede hacerse sin brindarles impunidad en todos los terrenos, incluso en los juicios de lesa humanidad.

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Más aún el blindaje a los empresarios genocidas se refuerza si se trata de un gobierno que con sus distintas "alas" acuerda con el FMI (que financió también al gobierno de facto de 1976) y tiene al gobernador Gerardo Morales entre sus principales aliados. Un gobernador que tiene a Milagro Sala presa y persigue, reprime y detiene a todo el que proteste como fue con las organizaciones sociales días atrás.

También se ratifica la necesidad de redoblar la pelea histórica independiente del Estado y de los partidos tradicionales en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad de los genocidas. La cárcel a Blaquier y a todos los de su clase solo podrá venir por este lado. Este 24 de Marzo sumate a las movilizaciones en todo el país que convoca el espacio Memoria, Verdad y Justicia del cual es parte el Frente de Izquierda Unidad.




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